Intentona de golpe a la educación pública en Michoacán – Por Daniel Ambriz Mendoza

Daniel Ambriz Mendoza

Pocos nos percatamos a tiempo, la verdad es que desde el pasado 20 de septiembre del 2017, fecha en que el titular del poder Ejecutivo de Michoacán, turnó, al H. Congreso del Estado, la iniciativa de ley de Ingresos del estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2018, ya venía el golpe, con fecha 27 de septiembre del 2017, en la asamblea de pleno se dio lectura a dicha iniciativa de ley, misma que fue turnada para su análisis y revisión a las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda y Deuda Pública, las que, con fecha 25 de diciembre del 2017 emitieron el dictamen respectivo para ser discutido en pleno de la sesión del 27 de diciembre del año en curso, conservando los términos y condiciones tributarias contemplados en la Sección XI, denominada: Derechos por Servicios de Educación, descritos y desarrollados en el artículo 26, con nuevas disposiciones que son lesivas a la educación pública y que traspasan la delgada línea que salvaguarda el artículo 3° Constitucional, en el sentido de que la educación que imparta el Estado y sus Municipios deberá ser entre otras cosas, pública y gratuita.

Para detectar el atraco legal que se intentaba dar a la educación pública y gratuita es necesario analizar el decreto de ley de ingresos 2017 para observar que la sección XI que se propone en la iniciativa de ley de ingresos 2018, no existe, y que el artículo 26, tal como se propone en la iniciativa de ley 2018, es nuevo; en la ley de ingresos 2017, dicho artículo hace referencia a otro tipo de derechos tributarios.

El decreto de ley de ingresos 2017 para el Estado de Michoacán, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Michoacán el día 31 de diciembre del 2016, en su sección XIV, titulada: Derechos por Servicios Oficiales Diversos, descritos y desarrollados en los artículos 29, 30 y 31, hace referencia al cobro que durante mucho tiempo se ha venido haciendo por “servicios oficiales”, que no son nada nuevo, como ejemplo solo mencionaré algunos: legalización de títulos profesionales y otros documentos en pergamino, legalización de planes de estudio expedidos por la Universidad Michoacana a estudiantes extranjeros, apostillas de títulos profesionales y otros documentos en pergamino, apostillas de planes de estudio, por reposición de documentos de diferentes dependencia oficiales, cuando no esté en el capítulo correspondiente, reproducción de información en copias simples o mediante la impresión de archivos electrónicos, etc.

Pero ahora, en la propuesta de iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio 2018, se incluyen los conceptos que en el ejercicio 2017 se cobraron como derechos por “servicios oficiales” que señalo arriba, pero en una nueva Sección, con un nuevo artículo y una nueva denominación que dice: Derechos por Servicios en Materia de Educación, los cuales son detallados en el mencionado artículo 26, en otras palabras, el gobierno de Michoacán que Constitucionalmente le obliga a impartir una educación pública y gratuita, se intentó convertir en un empresa con tendencia a privatizar los servicios educativos en Educación Básica( el nivel superior es otra cosa) que se presta a través de la Secretaría de Educación del Estado.

Aparte, la propuesta de iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 en el estado de Michoacán, en su Sección XI, artículo 26, trae aspectos que se apartan de la realidad como lo es el cobro que se pretendía hacer por ¡exámenes a título de suficiencia en educación primaria!, señalado en la fracción III, apartado F. En el apartado R de la misma fracción, ¡intentaron cobrar la inscripción a los cursos de verano y a los cursos de regularización!, para no abundar, trae muchas imprecisiones y errores de procedimiento técnico y administrativo, no especifica cuándo se refiere a escuelas públicas, como tampoco, cuándo se refiere a escuelas concesionadas a particulares, agarra piso parejo. Convertir a las escuelas de educación pública en organismos recaudadores de impuestos trastoca en muchos sentidos el espíritu de los principios filosóficos del artículo 3° Constitucional.

Qué acertado fue que, en la sesión plenaria del H. Congreso del Estado, celebrada el pasado miércoles 27 de diciembre del año en curso, la mayoría de los diputados no permitieron que se violara la ley, y con esto, se le asestara un duro golpe a la educación pública que imparte el Estado y sus Municipios, acordaron eliminar los efectos del artículo 26 de la iniciativa de Ley de ingresos para el periodo fiscal 2018 del estado de Michoacán, en lo concerniente a Educación Básica. Celebro, además, la oportunidad que me dieron diputados amigos y afines al SNTE para que, en su momento, previo a la reunión plenaria, aportara datos, análisis y argumentos de peso para evitar que pasara el dictamen de ley tal y como estaba aprobado en Comisiones.

Esta intentona de golpe a la educación pública nos obliga a estar alerta de todas las iniciativas que se presenten en materia de educación en todos los órdenes.